Así lo afirmó el diputado provincial Walter Martello, apoderado de la Coalición Cívica, luego de que la Suprema Corte bonaerense aceptara la medida cautelar que presentó y estableciera la inaplicabilidad de varios artículos de la ley de reforma política.
El El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, destacó la importancia del fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que declaró la inaplicabilidad de varios artículos de la ley de reforma política sancionada por la Legislatura bonaerense.
El fallo se produjo a partir de un pedido de medida cautelar presentado por el propio Martello, apoderado de la Coalición Cívica, a instancias de las autoridades del partido que, en la provincia de Buenos Aires, conduce la legisladora Maricel Etchecoin Moro.
"La Corte nos dio la razón en la muchos de los planteos que nosotros hicimos cuando se sancionó esta ley proscriptiva, hecha a la medida de las necesidades del Partido Justicialista. Fuimos el único bloque que planteó estas objeciones y que votó en contra", dijo Martello.
El máximo tribunal declaró inaplicables los artículos 4 inciso e), 5 incisos a) y b) y 6 de la ley 14.086 de internas abiertas, simultáneas y obligatorias en la Provincia de Buenos Aires, en relación a las listas de candidatos a senadores y diputados provinciales, gobernador y vicegobernador de la Provincia, para su participación en las elecciones convocadas para el día 14 de agosto de 2011.
El pedido elevado por Martello, al que hizo lugar la Corte, afirmaba que "exigirle a una agrupación política que en tan solo 41 días logre que más de 21 mil ciudadanos plasmen sus firmas -que a la vez deben ser certificadas por los apoderados cuyas firmas deben estar previamente registradas- y faciliten sus documentos equivale a la imposición de arbitrarias exigencias que tienden lisa y llanamente a impedirle el regular ejercicio de su derecho constitucional a participar en las elecciones". Por ello, en su decisión, el máximo tribunal de la Provincia señaló que la resolución es "a fin de garantizar principios fundamentales del derecho electoral como los de participación y representatividad popular".
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