Así lo establece un proyecto de ley, impulsado por el diputado Walter Martello, que actualmente se discute en la Comisión de Niñez de la Cámara baja bonaerense. Denuncian que existe una "alarmante inacción" por parte del Estado en lo que se refiere a minoridad
 
El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Walter Martello, denunció que existe un incumplimiento sistemático por parte del gobierno provincial de lo que establece la Ley nº 13.634 que creó los Fueros de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires.

El legislador informó que un proyecto de su autoría está siendo debatido en la Comisión de Niñez de la Cámara baja provincial que obliga al Estado provincial a rehabilitar a los chicos que delinquen, por lo que reclamó celeridad al poder político bonaerense para su tratamiento.

Entre otros aspectos, el proyecto avanza sobre la aplicación de las denominadas "medidas judiciales de integración social" que contemplan la norma en cuestión para aquellos menores que cometen delitos, pero que nunca fueron instrumentadas al haber sido observadas en el año 2007 por el entonces gobernador Felipe Solá. La administración de Daniel Scioli no mostró voluntad política de cubrir ese vacío.

"Si se hubiera aplicado lo que la propia ley dice, el chico que mató al vecino de Tolosa, frente a su hijo de once años, seguramente no hubiese estado en la calle, dado sus antecedentes. El gobierno provincial reconoce que hay 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, pero no hace absolutamente nada para revertir la situación. Es una vergüenza que el ministro Casal le eche la culpa a los jueces por la reincidencia de los menores, cuando el gobierno provincial viene haciendo la plancha, en materia de minoridad, desde hace años", afirmó Martello.

La Ley nº 13.634 establece, como medida de integración social, las siguientes acciones:
1.- Orientación y Apoyo socio-familiar.
2.- Obligación de reparar el daño
3.-Prestación de Servicios a la Comunidad
4.- Asistencia especializada.
5.- Inserción escolar.
6.- Inclusión prioritaria en los programas estatales de reinserción social.
7.- Derivación a los Servicios Locales de Protección de Derechos.
8.- Imposición de reglas de conducta.

La iniciativa de Martello contempla que, para determinar la medida de integración social aplicable a cada caso, se deberá tener en cuenta la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado; la naturaleza y gravedad de los hechos; el grado de responsabilidad del niño, la proporcionalidad e idoneidad de la medida; la capacidad del niño para cumplir la medida; los esfuerzos del niño por reparar los daños y los resultados de los informes técnicos solicitados en la causa

El proyecto, además, estipula que si el niño responsable del delito que se le imputa padece enfermedad física o psíquica, o es adicto, a requerimiento del agente fiscal, el juez o tribunal -en audiencia oral- podrá ordenar que la medida se cumpla con la asistencia de especialistas o que reciba el tratamiento en un establecimiento adecuado, hasta su cura definitiva.