En la Legislatura, diputados de todos los bloques se comprometieron a apoyar el proyecto para declarar reserva natural a Santa Catalina, donde la UNLP posee unas 300 hectáreas. Ambientalistas siguen denunciando abandono

Al pedido que realizó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y el Concejo Deliberante de esa ciudad para que el predio Santa Catalina se declare reserva natural, en la semana que pasó se sumó el compromiso de distintos bloques políticos de la Legislatura bonaerense con el mismo objetivo.
De esta forma, se reactivó la pelea por los terrenos en ese municipio cuya propiedad es compartida por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa de recolección de residuos Covelia.

“A raíz del pedido del Concejo Deliberante para que el gobierno bonaerense y la Legislatura pongan los instrumentos necesarios para la declaración de reserva natural, el jueves último varios diputados, representantes de todos los bloques, firmaron el proyecto de ley. Con el aval de todos los sectores, la iniciativa pasó a comisiones y luego ira al Senado”, explicó a Hoy el profesor Alberto De Magistris, miembro de la ONG Naturaleza por el Futuro.

Cabe recordar que en 2008 la UNLP vendió por 32 millones de pesos 307 hectáreas del predio (incluida una laguna) y conservó las 300 restantes donde está el casco histórico.

Si el proyecto se aprueba, tanto la UNLP como la empresa deberán responder si están de acuerdo o no. Si la contestación es la segunda, podría recurrirse a la vía de la indemnización y la expropiación.

Consultado por este medio, el secretario de Asuntos Jurídicos y Legales de la UNLP, Julio César Mazzotta, dijo no conocer “a fondo” el proyecto presentado en la Legislatura. De todos modos, manifestó que, si se aprueba la declaración de reserva natural, las 300 hectáreas seguirán siendo propiedad de la Universidad y que la misma “ajustará su proceder a lo que dice la ley provincial” sobre este tipo de sitios protegidos. Agregó que sobre ese sector “no tiene por qué tener injerencia el Municipio de Lomas”.

Esa parte del predio también genera controversias entre la UNLP y los ambientalistas, que en varias ocasiones manifestaron que el lugar no es bien cuidado. “El bosque está en un proceso de abandono. Lo que le pedimos a la Universidad es que se sume al proyecto”, declaró el docente.

Por su parte, Mazzotta desmintió que el predio esté descuidado. “No es cierto. Eso lo dicen quienes quieren apropiarse del lugar. Son mentiras”, expresó, y añadió que, en cambio, el edificio donde funciona el Rectorado de la Universidad de Lomas, que es propiedad de la UNLP, está deteriorado y que “eso es responsabilidad de ellos”.

El abogado respondió que tampoco es “responsabilidad” de la UNLP lo que ocurra en la laguna que ahora es propiedad de Covelia. Por ese motivo, días atrás un movilero del programa CQC -disfrazado de lagarto- tuvo un cruce con funcionarios del Rectorado platense a quienes intentó entrevistar.

El antecedente y una denuncia al Rectorado

El proyecto para declarar reserva natural a Santa Catalina -que ahora está en la Legislatura- fue presentado por diputados y senadores de Lomas de Zamora de todos los bloques políticos.

Lleva las firmas de Fernando Navarro (FpV); María Elena Torresi y Gustavo Ferri (Unión-Pro); Marcelo Díaz (GEN) y de Viviana Arcidiácono (Unión-Pro). Están acompañados por sus pares de la 3º Sección Electoral, Walter Martello y Fernando López Villa del ARI CC, y Carlos García de la UCR.

A fines de 2007, desde la CC se había presentado un proyecto para declarar al lugar “reserva natural provincial”. El autor, Walter Martello, había presentado también ante el Juzgado Federal nº 3 de La Plata una denuncia contra las autoridades de la UNLP por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero el juez Arnaldo Corazza desestimó y archivó la denuncia por considerar que la venta del predio es legítima.

Ante una consulta de Hoy, Martello criticó la decisión de Corazza al afirmar que “las únicas medidas probatorias que se tomaron fueron informativas a la propia denunciada, ya que ni si quiera se hizo una inspección ocular en el lugar, a efectos de constatar el estado ocupacional de los predios. Dicho en lenguaje coloquial, lo que ha hecho la Justicia es consultarle al presunto “victimario” si es inocente o culpable. Como éste respondió inocente, desestimó la causa. Ha triunfado una vez más la corporación judicial”.

Diario Hoy