Apremiado por la escalada delictiva (agravado por la conmoción social que provocó el caso de Carolina Píparo, la mujer baleada hace unos 20 días atrás, durante una salidera bancaria en La Plata), el gobernador Daniel Scioli protagonizó, ayer, una reunión de gabinete ministerial con eje en la problemática de la inseguridad en la Provincia.

Durante casi dos horas, cada uno de los ministros "rindió cuentas" sobre las "acciones" que vienen cumpliendo, básicamente, en términos de inclusión e infraestructura social vinculadas con la seguridad ciudadana.

En la consideración de Scioli, existen dos hechos "auspiciosos". Por un lado, los "acuerdos y compromisos" con legisladores del oficialismo y de la oposición para elaborar una "agenda común", tal como se estableció en la última reunión del Consejo de Seguridad Provincial. Por otro, que el gobierno nacional, en boca del presidente provisional del Senado, José Pampuro, haya indicado que el Congreso se organiza para debatir varios proyectos que buscan atacar la delincuencia desde distintos focos. "A simple vista, resulta favorable poder "nacionalizar" la creciente crisis estructural que padece la Provincia en términos de seguridad", se escuchó.

No es un dato político menor tampoco que el gobernador haya encontrado "aliados" dentro de la Legislatura bonaerense, frente a la incómoda situación institucional y la sensación de "mutismo K".

"Tienen miedo de que los afecte en las encuestas y eso es repudiable. Scioli debería reclamar más compromiso de la presidenta Cristina", le aconsejó el jefe del bloque de diputados provinciales de Consenso Federal (Confe), Rodolfo Arata.

Al margen de cuestionar la falta de ayuda del matrimonio Kirchner hacia el gobernador, a la hora de combatir el delito, dejó en claro el acompañamiento que hace la bancada que representa a Julio Cobos para facilitar todas aquellas acciones gubernamentales tendientes a incrementar las medidas de seguridad. "Este es un tema que no puede teñirse con tintes políticos. Si el gobierno nacional no aporta, no combate el narcotráfico que está haciendo estragos en el Conurbano, vamos a seguir perdiendo esta batalla todos los días", estimó el legislador.

Por las dudas, el secretario general de la gobernación, Javier Mouriño, se encarga de puntualizar que "las políticas de la gestión Scioli son inseparables de las estrategias del proyecto nacional que encabeza la presidenta Cristina Kirchner".

Discretamente, Scioli abandonó su perfil exigente frente a su elenco ministerial, para iniciar la reunión con su "primera línea" de funcionarios utilizando un fugaz clima de distensión. Arrancó "felicitando" a su ministro de Desarrollo Social, Baldomero "Cacho" Alvarez de Olivera, por el nacimiento de su nuevo hijo varón, a los 54 años de edad.
Después, saludó al ministro Ricardo Casal (Justicia y Seguridad), a quien comparó con el personaje del agente secreto de inteligencia, "James Bond", también conocido como 007, por el dramático aterrizaje que le tocó protagonizar, el viernes último, en la avioneta en la que se desplazaba, en Mercedes, salvando su vida de milagro, junto con la procuradora María del Carmen Falbo.

Después de ese momento de relajación, hicieron foco sobre la batería de proyectos de ley presentados por la administración sciolista en el Senado. Se sabe, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (presidida por el oficialista Roberto Ravale) y de Seguridad (guiada por Jorge D'Onofrio, de Unión Pro), formalmente ya exploran el "combo de iniciativas", vinculadas con el abordaje parlamentario de la problemática de la inseguridad.

Ahora, resta aguardar los "tiempos legislativos". La legisladora del Frente Para la Victoria-PJ Marta Helguero ya adelantó que algunos proyectos pueden ser tratados con mayor celeridad, pero aclaró que aquellos que "merezcan estudios más profundos" tendrán otro tratamiento. "A veces, los apuros no son un buen remedio para resolver las situaciones", aclaró.

En las diagonales platenses, se instaló, con cierta inquietud, la "presión" que vienen padeciendo varios intendentes con "dificultades de caja" para cumplir con la promesa de concretar mejoras salariales a sus trabajadores.

Por una línea paralela, el Ejecutivo provincial comienza a advertir "complicaciones" a la hora de conseguir la aprobación del proyecto de ampliación presupuestaria de 5.300 millones de pesos. La estrategia sciolista es conseguir la ayuda de sectores del arco opositor como el radicalismo o Unión Pro. Es que la iniciativa gubernamental necesita de los votos de los dos tercios de la Cámara de Diputados, porque contiene una autorización de endeudamiento por 1.600 millones de pesos, de "urgencia" para que el Estado bonaerense pueda pagar los aumentos salariales ya otorgados a los estatales.

Pero, por ahora, el oficialista Frente Para la Victoria-PJ no cuenta con los votos necesarios de la oposición, por la disputa en la forma de reparto de un fondo de 500 millones de pesos para "oxigenar" a los municipios, incluido en esa iniciativa. Ayer, en principio, durante la reunión de la comisión de Presupuesto, presidida por el diputado oficialista Franco Laporta, no hubo acuerdo para dar despacho favorable al endeudamiento y, por ende, el final de la "película" quedó en suspenso.

Días atrás, el ministro de Economía, Alejandro Arlía, mantuvo una reunión informativa con legisladores de la bancada del oficialismo y el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, donde apenas los conformó con la propuesta de ampliación presupuestaria. "Fue un cuento bien relatado, pero que tenía algunos argumentos oficiales que no fueron explicitados a tiempo y que podrían haber sido herramientas técnicas para consensuar con la oposición", lamentan algunos diputados del FPV.

Los bloques que integran el Acuerdo Cívico y Social (UCR, GEN, PS y cobistas) se oponen por el sistema de reparto entre los municipios de un fondo de 500 millones de pesos que favorece a los distritos del Gran Buenos Aires frente a los del interior (donde están todos sus intendentes). La Provincia sostiene, también, que se benefició a los municipios del interior en el programa de desendeudamiento de las comunas (por un total de 590 millones de pesos) y por la condonación de las deudas del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR), que "en el 98 por ciento, fueron para distritos del interior", según explicó Arlía.

La vicepresidenta 2ª de Diputados, Liliana Piani (Coalición Cívica), asegura que "no se justifica votar la ampliación presupuestaria a cambio de dinero para las intendencias, ya que eso sería lo mismo que en el Congreso nacional votar proyectos del oficialismo a cambio de dinero para las provincias. Cuestión que desde la CC venimos denunciando como una forma de clientelismo a gran escala. Creemos que nuevamente el Ejecutivo bonaerense sale de shopping a la Legislatura, para conseguir leyes".

La estrategia del Ejecutivo es escuchar y anudar acuerdos con distintos actores de la oposición. No es nueva la postura sciolista de intentar dejar a todos contentos. El principal negociador es el jefe de gabinete de ministros, Alberto Pérez. La aspiración gubernamental es conseguir la ayuda del radicalismo (dada la importante cantidad de intendentes de ese partido en ciudades del interior). En ese punto, el oficialismo tiene una oportunidad inmejorable de negociación.

Otra posibilidad es intentar "fracturar" el bloque de diputados denarvaístas de Unión Pro. Ese espacio tiene legisladores de raíces en el peronismo y en más de una ocasión pueden interactuar como "potenciales aliados naturales" del oficialismo bonaerense. Así ya quedó demostrado cuando facilitaron la aprobación de leyes del Ejecutivo con el argumento de no querer ser quienes le ponen palos en la rueda a Scioli.

En términos políticos, tanto el gobernador como los intendentes tienen algo para dar y también para recibir, en la compensación del reparto.

Hace unas dos semanas, Scioli recibió en la gobernación al intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, para firmar un convenio mediante el cual el municipio adquiere bienes por intermedio de Provincia Leasing, por más de dos millones y medio de pesos, y la asistencia financiera de la Provincia para mejoras en el espacio público por casi 500 mil pesos, según explicitó la ministra de Infraestructura, Cristina Alvarez Rodríguez.

El sistema portuario y posibles nuevas inversiones en infraestructura serán dos de los ejes centrales de una visita que, el martes que viene, realizarán a Bahía Blanca diputados que integran la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca.

Junto con los legisladores encabezados por el titular de la comisión (Jorge Varela, ex ministro de la cartera social de Felipe Solá) que integran, como vocales, el bahiense Iván Budassi y el dirigente agrario Jorge Srodek (Unión Pro), podría estar presente, también, el subsecretario de Actividades Portuarias, Luis Abot.