Ex pareja de Schoklender se mostró indignada tras las declaraciones de aquel en las que alardeó sobre sus recursos. Jefe de la UIF advirtió que faltan elementos en la denuncia contra el ex apoderado de las Madres.

El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, advirtió ayer que en la denuncia por presunto lavado de dinero que se presentó contra el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, “faltan” elementos y reconoció que aún no cuenta con “pruebas” requeridas a otros organismos del Estado.

La UIF investiga el origen del patrimonio que el propio Schoklender sugirió que es millonario, al punto que se declaró en capacidad económica y también fiscal de comprar autos de lujo como “Ferrari o Porsche, aviones o casas”.

Sin embargo, María Belén Schneer, madre de una hija no reconocida por el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, denunció que Schoklender decía “que era pobre” y que sólo estuvo dispuesto a darle “2.000 pesos” mensuales de manutención.

“Inicié un juicio de alimentos en agosto de 2010, porque esta persona ofrecía 2.000 pesos extraoficialmente. Eso no cubre necesidades, porque Madeleine tiene problemas de tiroides, es sumamente alérgica y tiene problemas de broncoespasmo”, denunció la mujer.

“Es impúdico que Schoklender hable de plata, de comprar Ferraris, aviones, y hable de un bote, si sólo le pasa 2.000 pesos a su hija”, afirmó.

“Hay una denuncia de movimientos de fondos, pero faltan los delitos precedentes. La UIF, para poder elevar una investigación, tiene que tener indicios de delitos precedentes. Esos delitos implican coordinar la información con otros organismos del Estado y elevarlos a un fiscal para que evalúe si vale la pena la denuncia penal o se archiva”, afirmó el funcionario.

Sbatella se refirió así a la denuncia que el 18 de junio del año pasado presentaron Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin legisladores de la Coalición Cívica sobre presunto lavado de dinero, por la compra de una quinta de grandes dimensiones en el partido bonaerense de José C. Paz.

Sbatella advirtió que “si aparece la prueba de que hay un delito -porque si hay lavado, hay un delito previo que lo generó- esas cosas (por la investigación) se acelerarían”, aceptando en forma tácita que aún, casi un año después, no cuenta con esos informes.

Las declaraciones del jefe de la oficina “antilavado” se produjeron mientras el gobierno mantiene un apoyo irrestricto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en medio de las acusaciones contra Schoklender por el destino de los fondos públicos administrados por esa asociación para construir viviendas para familias carecientes.

Junto a las palabras de Sbatella, el ministro de Economía, Amado Boudou, se mostró ayer con Bonafini en un acto, al igual que antes el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, habían cerrado filas detrás de la defensa de la jefa de Madres de Plaza de Mayo. Boudou dijo que “cuando se hablan pavadas es cuando más cerca tenemos que estar”, tras visitar a Bonafini en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que funciona en la ex ESMA.

“Hebe es parte de las figuras que queremos que nos representen”, dijo el ministro luego de participar en el taller abierto “Cocinando política y otras yerbas”, que encabeza Bonafini todos los martes allí.

Durante el evento, no le permitieron ingresar a algunos medios y Hebe de Bonafini lo justificó diciendo que “son los medios que nosotros queremos y no los que nos difaman”.

El jefe de la UIF confirmó que “la cuestión” vinculada al origen de los fondos que manejaba Schoklender “estaba bajo investigación de rutina, como todas las otras”. De todos modos, aclaró que “en los plazos en los que está la investigación depende del retorno de la información y puede aparecer como aparecen otros hechos de otras empresas relacionadas, que hay que armarlas como un rompecabezas y eso es lo que se eleva al fiscal”.

“Todas las denuncias que se hicieron acá tiene un proceso natural de investigación, que es cruzarlo con la información interna y pedir datos a los otros organismo del Estado que están obligados”, explicó Sbatella.