Después de un año de la acusación que realizó la oposición, recién ayer, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) remitió el caso a la Justicia. Otra denuncia.

Lucio Fernández Moores - CC - Especial para Los Andes

La Unidad de Información Financiera (UIF) giró recién ayer a la Justicia la denuncia formulada por dos legisladoras de la Coalición Cívica hace casi un año por presunto lavado de dinero contra el flamante ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

El plazo de investigación dentro del organismo que depende del Poder Ejecutivo generalmente dura alrededor de tres meses para una persona de este tipo, dados los dineros públicos que manejaba en los planes de vivienda. Sin embargo este caso se demoró casi un año del organismo. Había sido denunciado el 18 de junio ante la UIF por las diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin.

En rigor, la denuncia no irá todavía a las manos de un juez sino a las del fiscal Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Esta unidad funciona bajo la órbita del procurador general de la Nación, Esteban Righi. Pleé analizará los datos y tiene dos meses para determinar si hay elementos para que se abra una causa penal.

El presunto lavado de dinero que se le atribuye a Schoklender surge de la compra de dos lotes en José C. Paz hace tres años. La compra incluyó una casaquinta de 19 habitaciones, canchas de fútbol y tenis, un quincho para 60 personas y una pileta de 145 metros cuadros, entre otras comodidades.

"Lo hice con mi propio dinero para impedir el desalojo de 78 familias", se defendió Schoklender. Sin embargo, para las diputadas podría tratarse de un lavado de dinero. "Estas son características de operaciones de lavado", dijo ayer Quiroz a Radio de la Ciudad.

Las legisladoras comprobaron cómo la empresa utilizada para hacer la compra, Antártica SA se dedicaba a "vender artefactos eléctricos, a querosene y otros combustibles", según expresó la legisladora. Además, el nombre de Schoklender aparece como titular de los bienes en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires.

"No sé si en aquellas operaciones de 2008 Schoklender utilizó fondos públicos o no. Podrían haber sido del narcotráfico o del terrorismo, o de una herencia que no estaba declarada para no tributar", añadió Quiroz.

La eventual denuncia que realice el fiscal Pleé contra Schoklender será seguramente analizada a la luz de la nueva ley de lavado aprobada anoche en Diputados si es que el Poder Ejecutivo la promulga antes de que aquella sea formulada (ver aparte). El fiscal Miguel Angel Osorio analiza desde el lunes una denuncia contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Planificación, Julio de Vido y Hebe de Bonafini, por presunto delito en las viviendas manejadas por esta organización.