El juez federal Norberto Oyarbide aseguró que “están en desarrollo todos los procedimientos probatorios” vinculados al caso del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, quien está siendo investigado por un presunto hecho de lavado de dinero. En este marco, el magistrado confirmó que los hermanos Schoklender y otros siete imputados no podrán salir del país y que mañana se darán a conocer los primeros avances de la causa.
El juez federal Norberto Oyarbide, quien lleva adelante la causa en donde el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender está siendo investigado por presunto lavado de dinero, admitió que el caso es “muy delicado” y confirmó que los hermanos y los otros siete imputados no podrán salir del país.
En este marco, el magistrado aseguró que las fuerzas de seguridad, como Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal, Migraciones, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, están advertidos de impedir que intenten abordar viajes para salir del territorio argentino.
"Estamos en pleno desarrollo de los procedimientos probatorios", afirmó Oyarbide, a la vez que adelantó que "seguramente el lunes por la tarde" se dará a conocer mayores detalles sobre los avances a raíz de las medidas de prueba que se pusieron en marcha, luego del pedido del fiscal federal Jorge Di Lello.
Esta causa tiene como principal sospechoso a Sergio Schoklender y en ella se lo investiga por presuntos delitos de defraudación a la administración pública, lavado de dinero y asociación ilícita que investiga qué sucedió con los fondos públicos que habían sido entregados a la fundación para construir viviendas sociales.
Entre los imputados también figuran: el piloto de Sergio, Gustavo Serventich; Alejandro Gotkin y su mujer, Marcela Zlotogorski;Daniel Laurenti, Leonardo Hubscher y Marcelo Lewkowicz (todos ligados a las empresas de Schoklender y Gorlak) y Alberto Marcelo García, que ofició de apoderado de la Fundación para operar una cuenta bancaria.
Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello, había solicitado el viernes a Oyarbide que investigue a los hermanos Schoklender y le había pedido también que se disponga para todos los involucrados la prohibición de salida del país.
El fiscal reclamó también que, como medida "cautelar", el juez ordene la inhibición para modificar cualquier situación accionaria de una veintena de empresas mencionadas en el dictamen.
En tanto, Di Lello sostuvo que de los datos y documentación aportados por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatlla, y por las diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, "se ha construido una hipótesis delictiva en la que se presume el desvío de fondos públicos" que eran "administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de su apoderado Sergio Mauricio Schoklender". |