Hubo nuevos allanamientos en el domicilio de Schoklender. El Gobierno nacional continúa destinando millonarios fondos públicos a la fundación que regentea Bonafini

Con el pasar de los días, el “escándalo Schoklender” sigue sumando nuevos capítulos en una novela que parece no tener fin, y que vuelve a poner sobre la mira el uso discrecional de los recursos del Estado por parte del Gobierno nacional y la falta de controles.

En esta oportunidad, por orden del juez Norberto Oyarbide, la Policía Federal ayer allanó nuevamente la empresa Meldorek, atribuida a Sergio Schoklender, donde abrió las cajas fuertes y retiró documentación para la causa que investiga al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También se incautaron dos armas largas calibres 22 y 16.

Además, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se presentó en la Justicia, donde entregó ocho cajas con documentación para intentar despegarse de las duras acusaciones que pesan en su contra. También pretendió hacer una declaración espontánea ante el juez federal Norberto Oyarbide.  

Acompañado de sus abogados defensores, Adrián Tenca y Horacio Bernardino Pitrau, y una colaboradora, el propio acusado trasladó las cajas hasta la mesa de entradas del juzgado de Oyarbide, en el cuarto piso de los tribunales del barrio de Retiro, donde fueron lacradas y selladas.

En tanto, ayer también se presentó ante el juez Pablo Schoklender, hermano de Sergio y su sucesor como apoderado de la fundación hasta la semana pasada, cuando la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lo echó junto a otras 16 personas luego de que la Justicia comenzara a investigarlo. 

En tanto, diputados de la Coalición Cívica (CC) presentarán hoy “más pruebas” ante la Justicia para ampliar la denuncia contra el exapoderado de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo. Las diputadas Elsa Tata Quiroz y Maricel Etchecoin Moro y el presidente del bloque de legisladores porteños, Fernando Sánchez, irán a los tribunales de Comodoro Py.    Cabe destacar que Etchecoin Moro y Quiroz pidieron hace más de un año a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que investigue a Sergio Schoklender por supuesto lavado de dinero.

Todo sigue igual

Lo contradictorio de la situación es que, mientras se suman las denuncias, las construcciones a cargo de la asociación siguen su curso normal, como si nada hubiese sucedido. Los proyectos de la Fundación Madres continuán desarrollándose bajo la tutela de la compañía ligada a Schoklender, como muestra el caso de los proyectos pautados en Uruguay, donde, gracias a las tratativas del canciller Héctor Timerman, continuarán vendiendo casas del otro lado del río. La misma situación ocurre en el barrio San Pablo de Tigre, donde el armado de 300 viviendas sigue a cargo de Meldorek, y con financiación exclusiva del Estado.

Lo ocurrido con Schoklender, que era el apoderado y administrador de la fundación, no es un tema menor y puso de manifiesto que Bonafini no está capacitada para gestionar fondos públicos millonarios, cuyo destino debería haber sido asistir a los sectores socialmente más postergados, y no acrecentar el patrimonio de un parricida. No son pocos los que ven que la vista gorda que hizo el Gobierno nacional fue producto del pacto político que Bonafini tejió con Néstor Kirchner, y que continuó su esposa, la presidenta Cristina Fernández.

La cantidad de dinero que desde el Ejecutivo nacional envió a las arcas de los hermanos Schoklender posicionó a la Fundación Madres como la segunda constructora más importante del país, en lo que se refiere a la cantidad de obreros registrados, después de Techint. Mientras que esta última posee 7.900 empleados, la institución investigada por la Justicia registró en Anses a 5.319 trabajadores.  

Pérez Esquivel: “El Gobierno tuvo gran responsabilidad”

Desde el premio Nobel de la Paz hasta dirigentes de la oposición, nadie duda de que la responsabilidad de lo sucedido es exclusivamente del Gobierno de Cristina Fernández, quien ha evitado referirse a dicha situación.

Adolfo Pérez Esquivel -Nobel de la Paz en 1980- afirmó ayer que la Justicia deberá determinar “si hubo malversación de fondos” en el caso de las denuncias sobre presunto lavado de dinero de Sergio Schoklender y sostuvo que el Gobierno “tuvo una gran responsabilidad”, porque debió “hacer el control sobre los recursos públicos”. “Creo que hay una gran responsabilidad del Gobierno, que debe determinar controles, auditorías y rendiciones de cuentas, porque no se habla de monedas, sino de millones y millones de pesos”, dijo el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en declaraciones radiales. “Nosotros trabajamos con pueblos indígenas, el campesinado, los chicos de la calle, y no recibimos ningún tipo de subsidios oficiales”, agregó Pérez Esquivel.

Asimismo, el candidato a vicepresidente por la UCR, Javier González Fraga, y el candidato a gobernador de Unión Celeste y Blanco, Francisco de Narváez, expresaron sus cuestionamientos al kirchnerismo, pero tuvieron matices sobre la responsabilidad de Hebe de Bonafini en las supuestas irregularidades con los planes de viviendas que manejaba Schoklender.