La Coalición Cívica presentó nuevas pruebas en la investigación que se sigue por lavado de dinero y defraudación contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, y pidió actuar sobre la "complicidad de diferentes sectores del poder político, económico y financiero".

Los diputados Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin y Fernando Sánchez presentaron un extenso escrito en el que además dieron detalles sobre el crecimiento patrimonial de Schoklender, aunque aclararon que "resulta difícil creer que una sola persona pueda realizar todas las maniobras sin contar con el apoyo de grupos pertenecientes a las más altas esferas del poder de nuestro país".

Según los diputados, Schoklender adquirió por valor de 65 mil dólares en febrero de 2008 cuatro lotes en el partido bonaerense de José C. Paz, y gran parte del pago se hizo con fondos de Antártica Argentina S.A, y los cuales habían sido girados previamente desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Ese terreno, donde hay una casa quinta, se cedió en comodato a la provincia de Buenos Aires para que se ponga en funcionamiento un centro de tratamiento de adicciones, expusieron en la denuncia.

VINCULOS

En otro tramo, los diputados dedicaron varias líneas a la relación entre la constructora Meldorek y Sergio Schoklender, y recordaron que la primera fue contratada para "Misión Sueños Compartidos", que canaliza la construcción de barrios sociales pro parte de la Fundación.

"A mayor abundamiento debe destacarse que Meldorek SA es una de las empresas de la supuesta lista de amigos del poder que el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, habría denunciado que compraron dólares en los meses de 2008 y 2009 para ser girados al exterior", por un monto de casi 2 millones en dólares, señalaron los diputados.

"Consideramos menester que también se investigue la responsabilidad que les puede caber a los diferentes gobiernos, nacionales, provinciales y municipales que, como es de público conocimiento, le otorgaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo dinero perteneciente al erario público para la construcción de viviendas y otros emprendimientos, como así también la responsabilidad de diferentes actores del sistema financiero que permitieron que la Fundación continúe operando en esas condiciones", reclamaron los legisladores.