El fiscal federal Miguel Angel Osorio pidió ayer investigar los contratos para la construcción de viviendas sociales que funcionarios de gobiernos provinciales y municipales firmaron con el programa "Sueños Compartidos" de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Fuentes judiciales informaron a DyN que Osorio presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el que solicitó investigar "a quienes hubieran firmado los contratos", tanto funcionarios públicos de esos estados como directivos de Madres de Plaza de Mayo.

La causa se inició por una denuncia que presentó el abogado Jorge Vitale contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la titular de Madres, Hebe de Bonafini, por la presunta contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas.

Sin embargo, el requerimiento que presentó Osorio no apunta contra esas personas, ya que el Estado nacional asignó los fondos a las provincias y municipios para que éstas hicieran la contratación de las obras, explicaron las fuentes.

Los voceros señalaron que la eventual responsabilidad de los funcionarios nacionales podría aparecer en una segunda etapa, pero sobre la "vigilancia y control" del uso del dinero.

Osorio le solicitó a Martínez de Giorgi una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación, las que el juez deberá analizar para su producción.

Esta causa es independiente de la que tramita el juez federal Norberto Oyarbide contra el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, por presunto lavado de dinero y fraude en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que habría utilizado para su beneficio a través de una veintena de empresas.

Schoklender ante Oyarbide

Schoklender volvió a presentarse ayer en los tribunales para negar que sean suyas las armas encontradas ayer en la empresa Meldorek, en tanto diputados de la Coalición Cívica ampliaron la denuncia contra el ex apoderado por su incremento patrimonial y advirtieron sobre la "complicidad" de diferentes sectores del "poder político y económico".

Schoklender dijo que la escopeta calibre 16, la carabina calibre 22 y un cañón de pistola 9 milímetros encontrados el lunes por la Policía Federal durante un allanamiento son propiedad del titular del inmueble que Meldorek alquila como oficinas y reconoció que no tiene autorización para portar armas, informaron allegados a la causa.

Además, la defensa del ex apoderado solicitó que organismos del Gobierno, como el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Obras Públicas, entre otros, presenten documentación y auditorías sobre el manejo de los dineros que utilizó en la Fundación.

Schoklender concurrió el lunes a los tribunales de Comodoro Py y presentó ocho cajas con documentación, libros contables y facturas sobre su actuación en la Fundación y solicitó hacer una declaración espontánea, lo que fue rechazado por Oyarbide.

Meldorek es una de las empresas a través de las cuales Schoklender habría retirado la plata que el Estado le otorgaba a la Fundación para las viviendas y a su vez esa compañía era contratada por Madres para realizar las obras.

El abogado de Schoklender, Adrián Tenca, dijo hoy que "no es lo más importante" que su cliente sea dueño de Meldorek porque la empresa fue contratada "en muy pocas oportunidades".

"Lo que hay que acreditar es si Schoklender se quedó con plata de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Después, si hay bienes que no están declarados, será una situación impositiva", señaló Tenca.

Incremento patrimonial

En tanto, la diputada nacional Elsa Quiroz, la legisladora bonaerense Maricel Etchecoin Moro y el legislador porteño y candidato a vicejefe del Gobierno de la Ciudad, Fernando Sánchez, pidieron investigar el incremento patrimonial de Schoklender y sus allegados.

"Sergio Schoklender y sus allegados han tenido un crecimiento en su patrimonio que es difícil de justificar", puntualizaron en el escrito que presentaron ante Oyarbide, y añadieron que "para que esto ocurra, Schoklender tuvo que haber contado con la complicidad de diferentes sectores del poder político, económico y financiero, que permitieron que él y su grupo de compañeros evadieran los controles que deben ser aplicados".

Schoklender sería el dueño de una vivienda en José C. Paz, una yate, una Ferrari y otros inmuebles, algunos de ellos a nombres de empresas, que se investiga si fueron adquiridos con fondos destinados a la construcción de viviendas.

Los legisladores señalaron que Alejandro Abraham Gotkin, presidente de Meldorek y quien compartía con Schoklender cargos directivos en varias empresas, tiene participación "en 13 empresas más y tiene cheques rechazados por 733.177,06 pesos entre abril y junio del 2011, a nombre de Meldorek SA".

Schoklender, su hermano Pablo y otras siete personas están siendo investigadas.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigarlas por los delitos de lavado de dinero, defraudación al Estado y asociación ilícita y Oyarbide les prohibió salir del país.

En la causa se realizaron allanamientos en empresas y domicilios en los que se secuestró documentación, celulares y computadoras que están siendo analizados por los investigadores.