La investigación por el manejo de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo avanzará sobre un grupo de empresas que habrían sido utilizadas por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender para lavar dinero que el Gobierno cedía a la entidad para utilizarlo en los planes de vivienda.

Por otra parte, los investigadores consideran que no hay una total colaboración con la causa por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y señalan que los representantes de Hebe de Bonafini aún no aportaron datos clave, según indicaron este jueves fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas.

Días atrás, la Coalición Cívica, por medio de los diputados Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin Moro y Fernando Sánchez, amplió una nueva denuncia con más nombres y nuevas empresas que habrían intervenido para cambiar los cheques de la Fundación que eran desviados de su destino original, es decir la construcción de viviendas.

Esos cheques -cuyo monto las fuentes no develaron- se especula que fueron cambiados en esas empresas y detectados a partir del cruce de información sobre su conformación societaria.

A su vez, el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, solicitará allanar varias de estas empresas en búsqueda de información.

Mientras tanto, los investigadores cuestionaron el comportamiento de las Madres con la investigación, y en ese sentido aseguraron que por el momento la entidad no les informó sobre las 16 personas que habrían sido echadas de la entidad una vez que estalló el escándalo en los medios.

También hay críticas sobre el escrito presentado días atrás por la entidad en el que pidieron ser querellantes, ya que "no aportaron datos concretos" sobre cuántos empleados integran la Fundación ni si Hebe de Bonafini sigue firmando cheques con el fin de solventar la construcción de viviendas sociales.

Mientras tanto, los investigadores aseguraron que en lo inmediato la fiscalía no hará un pedido de indagatoria ni de detención hacia los exapoderados de la Fundación.

"La indagatoria es un acto serio de imputación", razonó una fuente, la cual aseguró que por estas horas tanto el juez Norberto Oyarbide como el fiscal comenzaban a evaluar la poca documentación que se obtuvo en los allanamientos de los últimos días.

La misma fuente explicó que "hay que clasificar las cosas y ver qué elementos hay" de toda la documentación y de las computadoras incautadas en los operativos.

Con el correr de los días y una vez finalizada la investigación que paralelamente lleva adelante Raúl Pleé, el titular de la Unidad fiscal contra lavado de dinero, la situación podría variar ya que se completaría la ruta del dinero que fue extraído de la Fundación.

Por otra parte, Di Lello pedirá ratificar la denuncia que días atrás presentó un concejal de Río Cuarto, Córdoba, quien dijo que Sergio Schoklender se presentó ante el intendente de esa Ciudad e intentó tentarlo para que se le concedieran terrenos fiscales para construir viviendas sociales.

Esa denuncia la hizo un concejal días atrás ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga los contratos que distintos municipios y provincias hicieron con las Madres para la construcción de viviendas, puesto que desde la Nación no había acuerdos directos con la entidad que dirige Bonafini.

Aún la causa que tiene Oyarbide a su cargo continúa bajo secreto de sumario, y en los últimos días el magistrado dispuso varios allanamientos, entre ellos el que ayer tuvo lugar en la sede de la Fundación de las Madres donde según las fuentes no se encontraron elementos de valor para la causa.

Schoklender es investigado por presunto lavado de dinero, defraudación al Estado y asociación ilícita, y se especula que como apoderado de las Madres sacaba fondos de la entidad que eran para construir viviendas, y los utilizaba con fines propios.