Ambientalistas presentaron un recurso de amparo ante la justicia Federal de Quilmes para que la empresa Covellia, cese las acciones que “provocan daño ambiental en el predio de Lomas de Zamora”. Además el pedido requiere que la empresa integre al Fondo de Compensación Ambiental las sumas pecuniarias necesarias.

Unos cien manifestantes llevaron su protesta hasta la puerta de Covelia en Santa Catalina

La demanda es impulsada por la Asociación Civil "Organización Ambiental Pilmayqueñ", cuya presidenta, Hilda Cristina Chao, tiene el patrocinio legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En la denuncia, los ambientalistas exigen que el juez Luis Armella -por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es responsable de la ejecución del fallo "Mendoza", donde el máximo tribunal dispuso implementar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo- ordene tanto a la empresa Covelia, como a la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), "realizar las acciones y/u obras de saneamiento y recomposición del ambiente en el predio en cuestión y las zonas afectadas por el daño ambiental generado en el mismo".

Asimismo, en la presentación judicial, se solicita que se “le ordene a Covelia abstenerse de realizar cualquier actividad u obra que genere daño ambiental en el predio de Santa Catalina, e integrar al Fondo de Compensación Ambiental las sumas pecuniarias necesarias para sustentar los gastos que resulten necesarios para el desarrollo de las acciones de recomposición del daño ambiental generado al momento de asentarse en el predio (agosto 2008)”.

Tambien exigirán una compensación “a modo de indemnización sustitutiva, el daño ambiental que -total o parcialmente- no resulte técnicamente factible de recomposición. i. Compensar el daño colectivo ya generado, por medio de la realización de acciones u obras que tiendan a mejorar el ambiente y/o que representen valores colectivos para la población de la zona afectada”

La presentación judicial también solicita que se disponga la prohibición de ingreso de cualquier vehículo, maquinaria o material constructivo al predio. Y que se le ordene a la ACUMAR y a la Provincia de Buenos Aires a que ejerza su poder de policía en el predio asignando recursos económicos, materiales y humanos adecuados para garantizar el cese del daño ambiental sobre el ecosistema, como así también se dispongan de las fuerzas de seguridad para prevenir la ocupación o intrusión del lugar.

Cabe destacar que legisladores bonaerenses impulsaron el proyecto que declara reserva natural el predio de Santa Catalina, que el año pasado recibió media sanción en la Cámara baja; según señaló el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la cámara, el diputado Walter Martello, el proyecto aún no ha superado “trabas impuestas por el oficialismo, aún no pudo ser convertido en ley por el Senado provincial”, resaltó.