Se trata de José Sbatella. Fue porque tardó casi un año en hacer una denuncia judicial.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, se convirtió ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el escándalo de los fondos públicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.

El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que el titular de la UIF, actualmente en México, debe ser investigado en una causa penal para determinar si cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por la demora de casi un año que tuvo el organismo a su cargo en elevar a la Justicia una investigación administrativa abierta en ese ámbito sobre Schoklender.

Entre otras medidas de prueba, Marijuán pidió al juez federal Sergio Torres que cite a declarar como testigo a la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elsa Quiroz. Esta legisladora, junto con la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, también de la CC, habían denunciado el 18 de junio de 2010 ante la UIF un presunto caso de lavado de dinero a partir de información reservada que llegó a sus manos sobre la adquisición de terrenos en San Miguel por parte de Schoklender.

La información fue verificada en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de ser llevada ante la UIF, el organismo antilavado ahora en la mira de organismos internacionales.

Sin embargo, la UIF se tomó casi un año para elevar el asunto a la Justicia. Lo hizo el 1 de junio. Pero, lo más grave, fue que la denuncia se hizo una vez que tomó estado público el escándalo sobre Schoklender y sus manejos de dineros públicos. Además, despertó sospechas que el día anterior el propio Sbatella afirmara que no existían elementos como para formular una denuncia penal.

Lo concreto es que al día siguiente llegaban a Tribunales las 4 mil fojas de la investigación llevada adelante en silencio por la UIF tras la denuncia de las legisladoras. A ella se sumó dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) elevados por dos entidades bancarias en torno a cuentas relacionadas con Schoklender y las firmas en las que aparece involucrado.

Los documentos llegaron a manos del fiscal antilavado, Raúl Pleé, quien inmediatamente hizo la denuncia penal y así nació la causa principal en la que se investiga al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ésta es la causa que lleva adelante el juez Oyarbide con la intervención del fiscal Jorge Di Lello.