por Gimena Tempelopoulos
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA)
gimenatem@gmail.com

Sergio Schoklender.La denuncia contra Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por lavado de dinero y defraudación en el manejo de fondos públicos, pone en primer plano el fantasma de la corrupción, que, en un año electoral, es el espectro más temido para cualquier gobierno.
 
A pesar de la intención de muchos de circunscribir la responsabilidad al que parece ser el “culpable perfecto”, la existencia de más de 1000 cheques rebotados firmados por la Asociación −que ningún banco informó−; las adjudicaciones directas para que la institución de las Madres construyera viviendas en la ciudad de Buenos Aires; el surgimiento de un emporio de la construcción de dudoso origen; casas de country fabricadas con materiales del programa de viviendas; un apoderado con un nivel de vida que no puede ser justificado con los 5000 pesos de salario que cobraba, son algunos de los datos que van surgiendo diariamente y que corroboran el tramado de ineficacia estatal para fiscalizar la administración del dinero público.
 
No hay que olvidar que la Nación asignó, a municipios y provincias, alrededor de 765 millones de pesos para que las Madres edificaran viviendas sociales, o sea, para los que menos tienen. Además, esos fondos salieron de los impuestos que pagan miles de argentinos.
 
Por lo tanto, es necesario indagar no sólo a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y a su ex apoderado, sino también a los encargados del control y seguimiento de los fondos y el cumplimiento de las obras. La Asociación, más allá de su heroica historia de lucha, asumió una responsabilidad, recibió el capital y tiene la obligación de rendir cuentas, dado que están en juego su prestigio y seriedad. Asimismo, se puede comprender que Hebe de Bonafini haya sido engañada por un “psicópata manipulador”, pero la cuestión no puede ser justificada en términos de una desilusión afectiva, cuando lo que se está investigando son actos punibles para la justicia.
 
Ahora, se multiplican las voces que afirman que, hace mucho tiempo, se sabía de las desprolijidades de Schoklender en el manejo del programa Sueños Compartidos. No obstante, lo que sí está acreditado es la denuncia de dos diputadas de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin, que data de más de un año atrás y que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no elevó durante ese lapso a la justicia. Por tal motivo, la semana pasada, el titular de la UIF, José Sbatella, fue imputado, convirtiéndose, así, en el primer funcionario público al que lo roza el caso.
 
La falta de control estatal resulta alarmante cuando se analiza a Meldorek. La empresa, encargada de la construcción de las viviendas, surgió, en 2003, a nombre de dos jubiladas de Ramos Mejía. Mágicamente, en estos años, se transformó en una de las constructoras más grandes del país y presenta como domicilio fiscal el mismo que registra Schoklender, es decir, el contratante. Entonces, ¿dónde estaban los órganos de control en ese momento?
 
Es entendible que se argumente que el escándalo Schoklender es la oportunidad para que los opositores al gobierno y a la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos se hagan un festín. Sin embargo, en todo caso, por encima de la rencillas entre posiciones ideológicas contrarias, “la reacción en contra de la corrupción debe partir de un principio tangible: cuando un responsable público comete un delito en el ámbito de sus funciones supone un ataque al conjunto del sistema democrático. Los cargos públicos representan al conjunto de la ciudadanía y responden ante ellos, por lo que no pueden abusar de su poder para intereses distintos de los generales, la sociedad no puede ni debe tolerar esto”.(1)

[1] http://fjesusmora.blogspot.com/2009/02/pacto-contra-la-corrupcion.html