Ante los anuncios sobre la inminente creación de una comisión de ministros y funcionarios de los gobiernos nacional y provincial para la reglamentación de la Ley de reforma política aprobada en el mes de diciembre del año pasado en la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 14.086), es preciso señalar algunas cuestiones que no pueden soslayarse.
La primera se refiere a la composición de la aludida comisión. Según informan diversos medios periodísticos sería conformada por los ministros nacionales Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete de Ministros), Florencio Randazzo (Ministro del Interior) y Julián Domínguez (Ministro de Agricultura); los ministros provinciales Alberto Pérez (Jefe de Gabinete de Ministros), Eduardo Camaño (Ministro de Gobierno) y Javier Mouriño (Secretario General); y por los titulares del FpV-PJ en ambas Cámaras legislativas, Osvaldo Goicoechea y Raúl Pérez. Es inaceptable que funcionarios nacionales intervengan en la reglamentación de una ley provincial, y por sobre todo que esta comisión de "notables" sea partido de gobierno.
La segunda cuestión se relaciona con la “misión” que pareciera habérsele encomendado a esta comisión. Respecto a ello, seria intención del Gobernador Daniel Scioli y Néstor Kirchner habilitar, mediante la reglamentación de la Ley recientemente sancionada, las denominadas “listas colectoras” y la conformación de alianzas luego de la realización de las elecciones internas, mecanismos prohibidos por el plexo normativo vigente.
La “habilitación” por la vía reglamentaria de procedimientos que se encuentran prohibidos por la ley demuestra una vez más el sometimiento de la legalidad a la mera voluntad de una parcialidad minoritaria, que no escatima en argucias para imponer su designio.
No sólo (pese a nuestros expresos y contundentes reclamos) han sido excluidas de la reforma electoral cuestiones sumamente importantes como lo son la regulación del financiamiento de los partidos políticos y de la publicidad oficial, sino que ahora también se pretendería violentar el plexo normativo vigente en beneficio de los circunstanciales intereses de la elite gobernante.
Medidas de tal índole, avasallarían nuevamente el principio de la división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático que con tanto anhelo buscamos consolidar. |
