Días pasados se discutía en estas páginas la decisión del justicialismo de integrar una comisión de “notables”, para reglamentar la ley de reforma política que sancionó la legislatura provincial en diciembre de 2009, y por medio de la cual se introdujeron modificaciones al régimen electoral, entre otras el establecimiento de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultaneas. Se mencionaba asimismo que el grupo de “notables” estaría integrado por funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, como Anibal Fernandez ( jefe de gabinete), Florencio Randazzo (Interior) ,Julian Domínguez ( agricultura),todos de origen bonaerense, el equipo se completarà con algunos funcionarios provinciales, tales como Alberto Perez (Jefe de gabinete de Scioli) ,Eduardo Camaño ( Mtro de gobierno) etc, y por los titulares de los bloques del Frente para la Victoria_PJ de ambas camaras legislativas de la provincia Osvaldo Goicoechea( Senado) y Raùl Perez ( diputados). Una de las ideas de la comisiòn mencionada sería habilitar las llamadas listas “colectoras”, que expresamente la ley prohíbe.
Varias son las reflexiones que podrían efectuarse en torno de este importante tema vinculado a la esencia misma del sistema representativo y republicano. He aquí algunas de ellas.
En primer lugar corresponde manifestar un enérgico rechazo a cualquier intromisión de funcionarios nacionales en cuestiones de índole estrictamente provinciales, en materias que expresamente la provincia se ha reservado para legislar por si, como la cuestión electoral, o en funciones donde tiene competencia exclusiva como la reglamentación de las leyes sancionadas por su Legislatura.
Nadie desconoce que nuestro gobernador es funcional a los designios del matrimonio presidencial.
Desde la propia elección de su figura para la Provincia de Buenos Aires - siendo que se estaba preparando para competir en las elecciones de la Capital Federal- , la designación de funcionarios que nada entendían de la realidad bonaerense – por ejemplo su anterior Ministro de Salud, el Dr. Zin, o su contador personal como Ministro de Economía-, su candidatura testimonial a diputado nacional – junto con el intendente de Tigre, Sergio Masa, y la actriz Nacha Guevara, todos primeros candidatos del peronismo en Buenos Aires, luego ninguno asumió el cargo-, o la entrega que ha hecho del reclamo histórico de nuestra provincia por mayores fondos en materia de coparticipación federal, todo ayuda pensar que Scioli solo es un delegado del gobierno central.
Por eso, si bien no sorprende que deje entrometerse a funcionarios de orden nacional en cuestiones netamente provinciales, no deja de ser una claudicación ética, inadmisible para la historia de nuestra provincia y para el federalismo que resguarda la Constitución Nacional, y una afrenta para nuestra propia carta magna, que expresamente prohíbe el sometimiento a otros poderes.
En un tema de vital trascendencia como es la ley de Reforma Política, sancionada por la legislatura bonaerense en diciembre de 2009, como se ha expresado, si bien su reglamentación es facultad del Poder Ejecutivo, sería fundamental la consulta a los partidos políticos a efectos de lograr consensos y asegurar transparencia en los procesos electorales, entre otras cuestiones-
Esta preocupación , de participar en su reglamentación, surge en la mayoría de los partidos políticos de la oposición en virtud de la desconfianza que genera este gobierno kirchnerista, sobre todo en la manipulación institucional para tratar de perdurar, por cualquier medio, en el poder más allá del 2011. En este sentido no hay límites en el gobierno en su intento por manejar el poder legislativo, la justicia, y gobernadores e intendentes. De esta preocupante realidad surge la desconfianza de participar en las Elecciones internas abiertas, de manera que no signifiquen una trampa más del gobierno nacional con la complicidad del gobernador Scioli.
Todos, debemos de una vez por todas entender que la vida política bonaerense necesita de reglas claras, transparentes, simples, que terminen por alejar cualquier tipo de suspicacia, duda o sospecha sobre la representación del pueblo y de su voluntad.
Por eso es propicio, desde ahora, mostrar nuestro rechazo absoluto a cualquier intento de modificar el sentido de una ley por vía de su reglamentación, tal como se esta planteando con la posibilidad de volver a reeditar listas colectoras cuando la propia norma las prohíbe.
En nuestra provincia, lamentablemente, esta metodología ya fue usada por el gobierno justicialista de Sola, cuando una vez instaladas las elecciones internas abiertas, por medio de la reglamentación se eximió a los partidos políticos de su realización en el caso de listas únicas, hecho que determino que un método que se creía propicio para lograr la mayor participación ciudadana en la elección de sus representantes terminara pasando sin pena ni gloria por la legislación provincial.
No podemos permitir que vuelva a suceder lo mismo. Si expresamente la ley desestima las llamadas listas colectoras, la reglamentación no puede burlar el precepto y promover su presentación.
Cuando en oportunidad del debate legislativo advertimos sobre el sometimiento de la provincia a la campaña electoral de los Kirchner - pues se estipulo, con el voto de la mayoría oficialista, que la convocatoria provincial debía ser efectuada para el mismo día que la nacional-, lo hacíamos con la intención de marcar nuestro desacuerdo, el error que se cometía, pero además confiados en la necesidad de corregir las deformaciones del sistema de representación, preservando los intereses y competencias provinciales.
Es fundamental dar transparencia y mejorar el sistema de elección de los candidatos, fortaleciendo los partidos políticos y brindando canales de participación a la ciudadanía, sin trampas, sin artilugios que pueden favorecer al poder de turno en una determinada elección, pero que van destruyendo de a poco la confianza del pueblo en su sistema de representación.
Por último quiero señalar un tema fundamental como es el financiamiento de los partidos políticos. Instrumento que deberá garantizar la participación sin discriminación partidaria alguna, otorgándoles igualdad de oportunidades en las campañas electorales.
Asimismo esta ley deberá verificar la legitimidad de los fondos utilizados por los partidos. También deberá evitar que el gobierno de turno se vea favorecido por la propaganda oficial en los medios de comunicación, Así también los aportes ilegítimos o fraudulentos deberán ser objeto de un estricto control a fin de evitar casos concretos como los procesos penales que se están sustanciando contra funcionarios del gobierno nacional por los dineros mas habidos utilizados en la campaña presidencial del año 2007. |
